La silenciosa presión al cristianismo del Gobierno chino en Hong Kong

La persecución que viven las instituciones cristianas comenzó en 1997, cuando la isla de Hong Kong dejó de ser colonia británica para convertirse en una región de administración especial de China. Aunque, desde ese momento, Hong Kong ha podido conservar el sistema económico capitalista que tenía en su época colonial, el Gobierno chino ha ido introduciendo diferentes leyes que obstaculizan la labor de la Iglesia.

El mayor atentado contra la libertad religiosa en Hong Kong es la ley de Educación aprobada en 2004. Así lo explica el último informe sobre libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Según esta norma, aquellas escuelas sostenidas económicamente por el Gobierno deben contar con un comité organizativo dependiente del Estado que cuenta con valores legales diferentes de los propios de cada institución educativa. Esta incursión del Estado es más grave si se tiene en cuenta que la mayoría y las más prestigiosas de las escuelas de Hong Kong son cristianas. Por esto, las diferentes Iglesias se han cerrado en banda y han decidido no acatar la ley.

EN FAVOR DE LOS DÉBILES
Sin embargo, el Gobierno ha efectuado su propia contraofensiva a modo de chantaje económico. Las escuelas que incorporen estos comités estatales tendrán ciertos beneficios, como mayor elasticidad en la gestión de sus fondos y un bonus anual de 35 mil euros.

El cardenal arzobispo de Hong Kong, Joseph Zen, declaró recientemente que el Gobierno aprobó esta ley con una serie de consultas ficticias que negará a la Iglesia católica y protestante la verdadera capacidad de dirigir sus propias escuelas. Unido a esto, cientos de niños sin carné de identidad han sido privados del derecho de ir a la escuela, causando profundos sufrimientos psicológicos a aquellos niños que se sienten abandonados por la sociedad.

Otra de las trabas del Gobierno al desarrollo social de Hong Kong viene marcado por la restricción al derecho de reunión familiar. Por tanto, los hijos de residentes en la isla nacidos en el Continente no pueden vivir con su familia, derecho que, según el cardenal, está reconocido por acuerdos internacionales y también claramente expresado en la Constitución.

En definitiva, la libertad religiosa que está recogida por las constituciones es prácticamente administrada por los oficiales del Gobierno que son convencidos seguidores del ateísmo.

Fuente: La Razon/ACPress.net