Siguen los problemas de intolerancia religiosa en la región de Chiapas, en Méjico. Varias familias evangélicas de Shulbó pidieron la intervención del gobierno del Estado para que los servicios básicos les fueran restablecidos en sus hogares, de los que carecen desde que en febrero les fueran cortados por no participar en la financiación de las fiestas católicas del pueblo. La situación es problemática en Los Parajes, donde siete familias evangélicas fueron expulsadas de la comunidad.

Estos evangélicos de Los Parajes, también indígenas, fueron expulsados de su comunidad debido a intolerancia religiosa. Enrique García, representante de las 7 familias afectadas denunció a la prensa local de la discriminación de la que son objeto. «No es un delito profesar otra religión. Es una garantía otorgada por la Constitución», explicó.

Sin embargo, los pobladores hacen caso omiso e, incitados por Vicente Morales, profesor de primaria, han sido obligados a desalojar sus casas y parcelas. Ahora, las 32 personas, integrantes de 7 familias, viven como refugiados en márgenes de la comunidad. Ocupan tres cuartos, sin camas ni mesas. No tienen pertenencias, porque fueron desalojados violentamente.

Para alimentarse, la Presidencia Municipal, encabezada por Alejandro Nava, les otorga, cada tercer día, 2 tapas de huevo, dos kilo de frijol y 5 kilos de tortillas. «No es suficiente. Queremos regresar a trabajar nuestras tierras».

El conflicto inició hace tres años. Habitantes de Los Parajes comenzaron a asediar a las familias evangélicas y los obligaron a convertirse nuevamente al catolicismo, pero éstos, al no aceptar, vieron como fueron cortados los servicios de agua y electricidad en sus hogares.

El pasado julio el acoso se recrudeció. Ingresaron, de manera violenta, alrededor de 80 campesinos a los domicilios de los evangélicos. Los afectados fueron llevados a la plaza principal con el propósito de firmar un documento para renunciar a su fe. La desaprobación de los perjudicados provocó un zafarrancho y enseguida la expulsión.

NIÑOS SIN COLEGIO
Roberto Hernández, también evangélico perjudicado, aseveró que Vicente Morales, profesor y director de la primaria en la localidad, es el culpable de provocar a la gente. «Inclusive, con machete en mano nos agredió cuando fuimos reunidos en la plaza principal de la localidad».

Del mismo modo, el educador ha discriminado a los niños evangélicos, indicó. «La agresión es pasado. Sin embargo, a causa del próximo ciclo escolar los niños no podrán ingresar por presiones del profesor. Son 8 niños. Tienen derecho a la educación, independientemente de su religión».

Al ser desterradas las 32 personas evangélicas, sus vecinos los amenazaron con arrebatarles sus propiedades: viviendas, animales de corral y parcelas.

A Roberto Hernández lo amedrentaron con asesinarlo si no regresaba al catolicismo. «”Si yo quiero te mato”, me dijo Jaime García Pérez junto con su hermano José. No es de la comunidad. Es originario de Veracruz».

El alcalde de Huejutla tiene conocimiento de la problemática, pero hasta el momento no hay solución. El representante solicitó la intervención del gobernador Miguel Osorio con el propósito de retornar a su comunidad sin objeto de agresiones por causa de su fe.

SIN AGUA NI ELECTRICIDAD
Indígenas evangélicos de Shulbó, municipio de Zinacantán, pidieron la intervención del gobierno del Estado para solucionar el último de los siete problemas de intolerancia religiosa que mantenían desde febrero. El presidente de la Alianza Evangélica de los Altos de Chiapas, Antonio Vázquez Méndez, afirmó que católicos tradicionalistas de la comunidad les cortaron los servicios básicos, como electricidad y agua, así como dos líneas telefónicas.

El dirigente evangélico aseveró que indígenas católicos tradicionalistas, encabezados, según él, por José López Ruiz, funcionario del ayuntamiento local, fueron el 9 de febrero a esa comunidad para cortar los servicios referidos.

Gracias a las autoridades estatales, ése es el único problema remanente de ese tipo, de los siete que existían al inicio del año en el municipio de Zinacantán, reiteró. «Ahora pedimos al gobierno que aplique la ley, porque no hemos podido resolver el problema y hay varias familias afectadas desde hace mucho tiempo», comentó el dirigente evangélico, al agregar que ahora recurren al gobernador Juan Sabines para exigir que se aplique la ley.

Asimismo, sostuvo que los católicos tradicionalistas no han querido acatar las indicaciones del gobierno, pues exigen a los evangélicos cooperar para sus fiestas religiosas, pese a que no profesan esa fe.