Los funcionarios del Ministerio del Interior de Alemania están pidiéndole al ministro, Thomas de Maizière, que cree un “Centro de Defensa contra la Desinformación” (Abwehrzentrum gegen Desinformation) para combatir lo que ellos llaman “desinformación política”, un eufemismo de “noticias falsas”.

“La aceptación de una era de la posverdad supondría la capitulación política”, dijeron los funcionarios a Maizière en una nota interna, que también revelaba que los burócratas del Ministerio del Interior están ansiosos por que la “comunicación política auténtica” siga siendo “un rasgo definitorio del siglo XXI”.

Una se pregunta si con “comunicación política auténtica” los funcionarios del Ministerio del Interior se están refiriendo a cómo las autoridades alemanas intentaron encubrir las agresiones sexuales masivas a mujeres que tuvieron lugar en la Nochevieja de hace un año en Colonia. En su día, la policía alemana dijo inicialmente –de manera surrealista–, la mañana del 1 de enero de 2016, que la Nochevieja había sido “tranquila”. El jefe de la policía de Colonia, Wolfgang Albers, admitió secamente después: “Esas primeras declaraciones fueron un error”. Otra posibilidad es que se refiera quizás a la decisión del canal público alemán ZDF de no informar de las agresiones hasta cuatro días después de producirse. Incluso un exfuncionario del Gobierno, Hans-Peter Friedrich, ministro del Interior de la canciller Angela Merkel entre 2011 y 2013, acusó en aquel momento a los medios de imponer un “apagón informativo” y de aplicar “un código de silencio” a las noticias negativas sobre los inmigrantes. ¿Se puede entender eso como “comunicación política auténtica”?

“Ante las [próximas] elecciones federales, debemos actuar con rapidez”, pidieron los funcionarios en la nota interna, hablando de la necesidad de combatir las “noticias falsas”.

Dicho de otro modo, los burócratas del Ministerio del Interior temen que la canciller Angela Merkel pierda las elecciones en septiembre de 2017, y están dispuestos a hacer lo que sea menester para evitar ese escenario, aunque eso signifique usar (aún más) la autoridad federal para acabar con la libertad de expresión inventándose una oficina estatal de propaganda. El actual debate sobre las “noticias falsas” les sirve de oportuna excusa.

Alemania, obviamente, lleva algún tiempo aplicando mano dura contra la libertad de expresión. Ya en septiembre de 2015, dijo Merkel: “Cuando la gente incita a la sedición en las redes sociales utilizando su verdadero nombre, no sólo es el Estado quien tiene que actuar, sino que también Facebook, como empresa, debe hacer algo contra esas afirmaciones”.

Con un programa gubernamental, que cuenta con la colaboración de la organización no gubernamental alemana Fundación Amadeu Antonio, dirigida por Anetta Kahane (que, para ponerle una pizca de ironía, es exagente e informadora de la Stasi), las autoridades alemanas están vigilando que los muchos comentarios supuestamente “racistas” reportados por usuarios de Facebook sean eliminados en un plazo de 24 horas. El ministro de Justicia, Heiko Maas, se ha comprometido a valorar tomar medidas legislativas si los resultados “no son satisfactorios”. La duración del programa se ha fijado hasta marzo de 2017.

Un matrimonio, Peter y Melanie M., fue procesado y condenado en julio de 2016 por crear un grupo de Facebook que criticaba la política migratoria del Gobierno. Su página decía: “Los refugiados de guerra y económicos están inundando nuestro país. Traen terror, miedo y dolor. Violan a nuestras mujeres y ponen en peligro a nuestros hijos. ¡Acaben con esto!”

Además, en julio de 2016, la policía alemana registró los domicilios de 60 personas sospechosas de escribir “mensajes de odio” en internet.

Sin embargo, nada de lo anterior parece suficiente para el presidente del Bundestag, Norbert Lammert, del partido de Merkel, la CDU, que cree que no basta con lo que Facebook ya está haciendo contra el “discurso del odio”. Según Lammert, hacen falta más leyes. Una ley para poder multar a las redes sociales si no eliminan los “mensajes de odio” y las “noticias falsas” acaba de ser anunciada por Volker Kauder, líder del actual grupo parlamentario de Merkel en el Bundestag y de la facción CDU/CSU, y Thomas Oppermann, presidente del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD).

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también ha pedido recientemente a empresas como Facebook que tomen medidas contra las “falsas afirmaciones” en internet, diciendo que tenía la impresión de que los europeos estaban cada vez más concienciados respecto a “quién se dedica a marearlos y quién les está diciendo la verdad”.

Todo esto, naturalmente, tiene el firme apoyo de Merkel. La canciller, en un discurso el 23 de noviembre en el Bundestag, dijo:

Apoyo los esfuerzos del ministro de Justicia, Heiko Mass, y del ministro del Interior, Thomas de Maizière, para hacer frente al discurso y los comentarios de odio, que son devastadores e incompatibles con la dignidad humana, y para hacer todo lo posible por prohibirlos, porque contradicen nuestros valores.

Esos “valores” están claramente circunscritos: la opinión del Gobierno alemán respecto a qué constituye “discurso de odio” es sumamente selectiva, y parece limitarse a proteger las políticas migratorias del Gobierno de las críticas legítimas.

Cuando un profuso antisemitismo barrió grandes ciudades alemanas en verano de 2014, por ejemplo, el Gobierno no mostró igual celo antirracista. Al contrario: hubo casos de autoridades que prácticamente facilitaron el discurso del odio. En julio de 2014, la policía de Frankfurt dejó que unos “manifestantes” en su mayoría musulmanes utilizaran el megáfono de su furgón para transmitir lemas de incitación en árabe, coreando repetidas veces “Alá Akbar” y llamando “infanticidas” a los judíos.

En otro caso similar, un tribunal alemán consideró que el atentado contra una sinagoga de Wuppertal llevado a cabo por dos árabes alemanes y un jóven cómplice no era un acto antisemita, sino “un acto de protesta” para “llamar la atención sobre la guerra de Gaza”. Los individuos fueron condenados por piromanía.

En Alemania, es delito llamar la atención sobre los problemas que acarrean las políticas migratorias del Gobierno, o criticarlas, porque constituye “discurso del odio”. En cambio, atacar una sinagoga es simplemente un “acto de protesta”. Tal vez, una vez que esté en marcha el “Centro de Defensa contra la Desinformación”, esos “actos de protesta” se clasificarán como “Comunicación no falsa aprobada oficialmente”.

Fuente: https://es.gatestoneinstitute.org/9842/alemania-censura-propaganda