En una clara y abierta actitud confesional, el Gobierno de Chiapas, encabezado por Juan Sabines Guerrero, efectuó el pago de 450 mil pesos (45 mil dólares, aproximadamente), para la reconstrucción de un templo evangélico que destruyó un grupo católico, sin el castigo o la impartición de justicia obligatorio.

Además, se negoció al margen de la ley el no ejercicio de la acción penal en contra de un grupo que previamente habían secuestrado a 7 cristianos y a dos menores de edad, en el paraje de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula.

CRONOLOGÍA DE HECHOS

19 de mayo.- Un grupo de evangélicos inauguran un templo de la denominación Pentecostés en Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, Chiapas.

29 de mayo.- Se da a conocer que el Subsecretario de Asuntos Religiosos en Chiapas, Jorge Alberto Lanz Garrido, prohibió mediante un escrito oficial, actos de culto en el templo en Nichnamtic.

19 de julio.- La Barra Nacional de Abogados Cristianos solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Secretaría de Gobernación y a las Comisiones Indígenas de las Cámaras de Diputados y Senadores permitir la difusión de programas y spots elaborados por esta ONG, en las 21 radiodifusoras indígenas a su cargo, para evitar la Intolerancia Religiosa.

22 de julio.- Un grupo de católicos secuestra a 7 mujeres indígenas tzotziles evangélicas y a dos menores de edad: uno de 12 años y otro de apenas 9 meses de nacido. Además, destruyeron el templo de reciente apertura. Un total de 25 familias son expulsadas por pertenecer al grupo evangélico. Amenazan a los evangélicos con prenderles fuego. Con lujo de violencia, hombres armados impiden el ingreso de las autoridades estatales que pretenden liberar a los cristianos.

23 de julio.- En un operativo, la policía logra rescatar a los evangélicos secuestrados en Nichnamtic. Son detenidos 14 católicos que se rehusaban dejar en libertad a los evangélicos. El Gobierno informa que “la Fiscalía General del Estado continuará con las diligencias e integrará la averiguación previa y definirá la situación jurídica” de los agresores.

24 de julio.- En un boletín de prensa, el Gobierno Estatal menciona que “elementos de la Fiscalía General del Estado rescató a los secuestrados, quienes se encontraban “retenidos, en la cárcel municipal de San Juan Chamula”.

26 de julio.- Convocados por funcionarios del Gobierno local, católicos y evangélicos firman un “acuerdo”, en clara desventaja representativa de parte del grupo evangélico, a pesar de que el Secretario de Gobierno José Antonio Morales Messner, se comprometió a “aplicar la ley… a los secuestradores que deben enfrentar un proceso jurídico”. En el evento, no estuvieron presentes representantes de los agresores ni autoridades locales.

27 de julio.- El Estado de Chiapas publica el boletín No. 3054 en donde se da cuenta de que los evangélicos “se comprometieron a otorgar el más amplio perdón y consentimiento dentro de la causa penal número 269/2007 que se sigue en contra de 14 católicos”.

30 de julio.- El Gobierno local publica el boletín 3089 en donde da cuenta del acuerdo entre católicos y evangélicos “de no agresión”. Aparece una indemnización de 450 mil pesos (45 mil dólares) para los evangélicos, que cubrirá los daños materiales ocasionados en Nichnamitic.

CONCLUSIONES

El Gobierno chiapaneco ignoró y negoció los delitos de daños en propiedad ajena, amenazas y secuestro, pasando por alto los derechos más elementales de todo ser humano.

Para el Gobierno Estatal, el conflicto entre católicos y evangélicos comenzó en julio de este año, según sus boletines de prensa, reflejo de una miopía institucional, ya que desde hacía más de tres años se había denunciado la Intolerancia Religiosa en esta localidad.

Las declaraciones de Jorge Antonio Morales Messner, Secretario de Gobierno de Chiapas, disfrazando un acuerdo legal, mediante “el diálogo y la tolerancia”, que culminó con el desistimiento de los indígenas evangélicos agraviados con la destrucción de su templo y la privación ilegal de su libertad, ocultando el hecho irrefutable de que la ley fue negociada por el gobierno en un reprobable confesionalismo de Estado.

El delito de privación ilegal de la libertad se persigue de oficio y está considerado un delito grave, conforme al artículo 269 bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas. Por ende, no es aplicable el perdón del ofendido y aún cuando lo hubiera no impide que al infractor les sean aplicadas las sanciones correspondientes, conforme expresamente lo indica el artículo 9 del mismo ordenamiento.

Actualmente, no existen garantías en ningún municipio de Chiapas para ejercer la libertad de culto, incluso en varias regiones de Los Altos, la violencia es latente, sobre todo en Nichnamtic.

Fuente: Abogados Cristianos caso Nichnamtic, NoticiaCristiana.com