Un amplio grupo de pastores de iglesias evangélicas con sede en Madrid en el que están representados gran parte de las denominaciones evangélicas y muchas iglesias independientes están más que alarmados ante lo que ven como “la actual situación de indefensión que sufren las iglesias ante las normativas abusivas para la obtención de licencias de nuestros lugares de culto” por parte especialmente del Ayuntamiento de Madrid (aunque se da en otros ayuntamientos de la Comunidad madrileña), en Catalunya y en multitud de ciudades españoles.

Entre otros avala oficialmente esta iniciativa para la convocatoria COMIMA, y un grupo amplio de pastores de las Asambleas de Dios (no de manera oficial, sino con un respaldo personal de los mismos), dos de los mayores grupos representativos de iglesias evangélicas madrileñas; aunque está abierta a todas las denominaciones y grupos evangélicos de España.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE
Esta situación existente, como es un hecho demostrado, ha llevado a muchas iglesias a ser clausuradas y a otras a recibir órdenes de precinto, o a que se les deniegue el permiso de apertura; por lo que les ha llevado “a tomar una iniciativa conjunta para ser escuchados por las Administraciones locales”.

El problema es que, al no existir una legislación específica, se aplica a los templos protestantes las normas para lugares públicos como discotecas o bares, algo que no es acorde al uso de una iglesia que se reúne sólo ocasionalmente y donde no existe otra actividad que la religiosa o la cultural y en momentos concretos o puntuales (en algunos ayuntamientos se hace caso omiso de la normativa, pero en otros no, según el criterio de cada cual). En el caso específico de Catalunya, la normativa queda al criterio de una mayor o menor rigidez en su aplicación; y en la práctica ha supuesto cierres abusivos, además sin que se intente ofrecer una solución pactada.

Las iglesias evangélicas no se niegan, al contrario, a cumplir las normativas de seguridad y salubridad públicas. Pero sí a que se cierren o nieguen autorizaciones por una normativa inadecuada, que dicho sea de paso ni se exige ni cumplen los templos católicos.

APOYO INSTITUCIONAL
El Consejo Evangélico de Madrid, interlocutor ante las instituciones madrileñas, lleva junto a la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas Españolas) luchando por esta situación con frecuentes buenas palabras y promesas, pero sin soluciones concretas mientras los cierres, amenazas de cierre y negativa de permisos por criterios más que rigurosos se siguen produciendo. Ahora, alguna gota ha colmada el vaso.

Precisamente el CEM en su última Junta Directiva trató esta situación, y estará presente en el encuentro convocado para buscar maneras conjuntas de actuación para sumar esfuerzos y multiplicar resultados.

La Alianza Evangélica Española ya ha manifestado también su apoyo a la iniciativa y la gran preocupación por esta situación a través de su secretario general Jaume Llenas. Su portavoz, Pedro Tarquis, manifiesta que el argumento que habitualmente se da para discriminar a los evangélicos frente a los católicos es su implantación cultural y cuantitativa; pero, enfatiza, “por la misma razón los gitanos, deberían tener menos derechos que el resto de la población, una barbaridad que nadie se atrevería a defender”.