Desde hace más de un año más de 50 familias evangélicas viven en condiciones de pobreza y marginación tras ser desplazados de forma violenta de su comunidad San Juan Yatzona Villa Alta (sureste de México). Además, ahora la burocracia y la negligencia de funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) está evitando que la situación sea reestablecida.

Ya son sólo 12 las familias que persisten en su empeño de lograr una indemnización por parte de su pueblo, en donde se que quedaron sus animales, casas y cultivos. Se tienen que enfrentar al olvido de las autoridades, que no han actuado en este caso desde que sucedieron los hechos.

De acuerdo a los pobladores que hoy habitan en una colonia de Santa Cruz Xoxocotlán, acudieron ante la autoridad municipal hace ya dos meses, donde se les prometió apoyo para conseguir recursos que la CDI suele destinar a desplazados.

DOCUMENTACIÓN PERDIDA
Señalan que confiaban en que recibieran apoyo por esa instancia federal, por lo que cumplieron con todos los requisitos en tiempo y forma para poder ser beneficiarios. Sin embargo, al acudir el pasado 27 para saber en qué punto se encontraba la tramitación, se les dijo que esos documentos no llegaron en ningún momento.

Los afectados se lamentan ahora que debido al “error garrafal de esta gente que traspapeló o tiro quizás nuestros documentos, hemos quedado fuera del apoyo porque ya se cerró la convocatoria y tenemos que esperar para el otro año si es que queremos la ayuda”.

Actualmente estas personas han tratado de sobrevivir con la venta de productos agrícolas y viven en condiciones precarias pese a existir una recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), a la que las autoridades han hecho caso omiso.

EXPULSADOS DESPUÉS DE PERDER DERECHOS
En el año de 2007, las autoridades municipales prohibieron a estas familias evangélicas el servicio de molino, así como comprar productos en diversos establecimientos comerciales ubicados en la misma población. También se les prohibió hacer y recibir llamadas en la caseta telefónica, obligándoles a no mantener comunicación con los demás vecinos.

Finalmente, las autoridades les obligaron a abandonar sus propiedades y los amenazaron de muerte si decidían regresar a la población. Desde entonces se encuentran fuera de su población de origen, dejando ahí sus propiedades, casas, familiares y demás enseres.

Tal situación se refuerza con las manifestaciones realizadas por la autoridad municipal de San Juan Yatzona, quienes aceptaron los hechos narrados, y aún cuando se pretendió justificarlos aduciendo que fueron realizados por los habitantes de la misma comunidad, se advierte que ellos como representantes políticos del municipio, toleraron los mismos, refiriendo que tal circunstancia fue en cumplimiento a varios acuerdos de la asamblea comunitaria.

Entonces, la CDDHO confirmó la convicción suficiente para afirmar la existencia de una grave intolerancia religiosa hacia los feligreses de la religión evangélicas Pentecostés en la citada comunidad, por parte de sus conciudadanos y de integrantes de la autoridad municipal, quienes lejos de propiciar la convivencia armónica entre sus habitantes, no sólo toleraron sino secundaron la violación de los derechos humanos de los agraviados, hasta el extremo de desplazarlos de su lugar de origen, con todas las consecuencias que tal situación acarrea. Sin embargo, hasta el momento dicha recomendación no ha sido tomada en cuenta por las autoridades de esa localidad.

Hace años cuando estaba leyendo el libro “Los mártires” escrito por John Fox, leía con gozo las narraciones de cómo nuestros hermanos de hace siglos estuvieron dispuestos a dar su vida por amor a Jesucristo y a su Palabra; pero también leía con tristeza las historias de algunos que al ver los peligros, incluyendo el de la muerte, preferían negar su fe y seguir el curso de la vida.

Por ejemplo, el libro narra las ocasiones en que los hermanos por negarse a quemar incienso al Cesar, por negarse a participar de la misa, negarse a orar a los “santos” y por no participar de celebraciones paganas, estuvieron dispuestos a dar su vida con gozo por Jesucristo; opuesto a lo que hoy en día ocurre en gran cantidad de creyentes alrededor del mundo, a quienes no hay necesidad de amenazarlos de muerte para que participen de fiestas paganas, como un pequeño ejemplo les menciono la navidad (ojo, hoy es 13 de febrero)

Pero ante todas esas nefastas atrocidades cometidas en contra de la Iglesia Evangélica, no debemos olvidar que está escrito:

Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que sucedan, pero ¡ay del que hace pecar a los demás! [Mateo 18:6-7]

Y traigo el último párrafo a colación porque, de nuevo, leo cómo en México no se detienen las barbaridades cometidas por católicos en contra de evangélicos, incluso obligándolos a negar su fe, acto que bíblicamente se llama apostasía… pero esperamos que estos hermanos recapaciten de su error y vuelvan al rebaño del Señor; sin embargo, respecto a los malhechores, ya de antemano está escrito para ellos “más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar”. Les dejo la noticia tomada de La Jornada, ALC. / ACPress.net:

Ocho personas que recientemente se hicieron miembros de iglesias evangélicas fueron encarcelados por “cambiar de religión” en el municipio de Las Margaritas, en Chiapas, este pasado martes 3 de febrero de 2009. Luego multados, y obligados a renunciar a su fe para siempre en un documento para poder ser luego liberados.

El conflicto se produjo cuando Arnulfo Jiménez González, Vinicio González López, Elías Jiménez Jiménez, Octavio Vázquez Pérez, Arturo Jiménez Pérez, Santiago Pérez López, Jaime González Luna y Demetrio Jiménez, declararon que por su propia voluntad, y sin presión alguna, habían decidido profesar ser evangélicos, por lo que de inmediato los católicos de la comunidad los encarcelaron.

Estas ocho personas fueron arrestados más de 27 horas por las autoridades ejidales y católicas de la comunidad 20 de Noviembre, municipio de Las Margaritas (en los Altos de Chiapas), por orden del comisariado ejidal, Gonzalo Jiménez Luna, y liberados tras firmar un “convenio” según el cual renunciaban a su fe evangélica en Jesús, bajo amenaza de ser expulsados del pueblo si retoman cualquier “práctica protestante”.

Además, a cada uno de ellos se le impuso una multa de 2 mil pesos por “cambiar de religión”. El comisario ejidal, Gonzalo Jiménez Luna, decidió el castigo aplicando la “ley” local, que impone profesar la religión católica y apoyar económicamente los ritos oficiales. Y en efecto, uno de los acuerdos dentro de esa comunidad es que “nadie puede cambiar de religión, sin el permiso de la autoridad”, ya que al menos en teoría todos profesan la fe católica, a pesar de la fuerte presencia evangélica en la zona.

LA “LEY CATÓLICA” EN CHIAPAS
Los católicos (que se supone que son todos en la población) son obligados por la Iglesia católica local a aportar cantidades que pueden elevarse hasta los 2 mil pesos (equivalente a 135 dólares americanos), dependiendo del cargo que les obliguen a desempeñar, para llevar a cabo ritos religiosos y la compra de bebidas alcohólicas en las fiestas locales. Algo a lo que los evangélicos se niegan, tanto por ser contrarios a su fe los ritos religiosos católicos, como por estar en desacuerdo con los excesos de consumo de alcohol.

Cabe señalar que en abril del año pasado, en esta misma comunidad fue destruido un templo de la denominación Asambleas de Dios, en donde amenazaron de muerte a sus propietarios, sin que hasta el momento haya habido detenidos o sancionados por tales hechos.

Desde hace varios años he leído las noticias de los abusos que consistentemente cometen los miembros de la IC en contra de los evangélicos en México, y como es normal, las autoridades gubernamentales y de la IC aprueban y/o simpatizan de dichos abusos.

¿Cuándo entenderá la IC que atacar, perseguir y causar daño al Evangelio es dar patadas contra el aguijón? (Hch. 26:12-24)

De nuestra parte nos corresponde orar por nuestros hermanos para que sigan victoriosos siguiendo al Señor quien les recompensará, pues está escrito:

Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. (Mateo 5:10-12)

Acá les dejo la noticia tomada de ACPress.net:

Al menos 140 evangélicos procedentes de siete parajes del municipio de Zinacantán (Chiapas), huyeron de sus comunidades y pasaron la noche en un templo de la ciudad Tuxtla Gutiérrez, ante el temor de que, si regresan a sus hogares, podrían sufrir agresiones, luego de que las autoridades locales les cortaran los servicios de agua y electricidad.

La representación en México del organismo internacional Voz de Los Mártires dio a conocer que, el pasado fin de semana del 24 y 25 de enero, los evangélicos que habían huido, incluidos niños y mujeres, se plantaron a las afueras del palacio municipal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en espera de que las autoridades respondieran a sus reclamos de justicia.

Sin embargo, no fue hasta las 12 de la noche del lunes siguiente (26 de enero) cuando fueron recibidos por funcionarios locales, quienes llamaron al diálogo a las partes en conflicto.

Oscar Moha, portavoz de Voz de Los Mártires, explicó que al iniciar las negociaciones los miembros de la Iglesia Cristiana Pentecostés Independiente, indicaron que autoridades de Zinacantán les exigieron el pago de cuotas para las fiestas católicas de la localidad, a lo que se negaron, ya que no profesan esa religión, por lo que de inmediato les suspendieron sin razón -salvo el tomar represalias- los servicios de energía eléctrica y agua potable.

En un principio, se presionó a los evangélicos para que pagasen las cuotas pero, al no aceptarlo, las autoridades locales de Zinacantán amenazaron con expulsar o agredir a los evangélicos si no abonaban sus cooperaciones para las fiestas católicas.

Los 140 indígenas evangélicos permanecen en el templo “Jesús es el Camino” de Tuxtla Gutiérrez, donde reciben comida que miembros de otras congregaciones les llevan, en tanto que servidores públicos tratan de resolver la situación en Zinacantán, donde caciques locales están decididos a acabar con cualquier Iglesia que no sea católica, según afirmaron los evangélicos.

MÁS CASOS SIMILARES EN LA REGIÓN
Los evangélicos señalaron que no son el único caso, ni los peor parados, ya que en el paraje de Pasté hay unas 36 familias que desde hace ocho años no cuentan con servicio eléctrico y en algunas viviendas falta el agua potable, por órdenes de las autoridades locales, ya que sus habitantes se niegan a participar en los ritos católicos.

Similares circunstancias padecen evangélicos de otros municipios en Chiapas, como Unión Juárez, Cintalapa, San Juan Chamula, y La Trinitaria, donde, según denuncias, les exigen cuotas para permitirles el uso de agua potable, electricidad e, incluso, son amenazados con dejarlos fuera de los programas de apoyo gubernamental, con el consentimiento de las autoridades.